Comisionada Rebecca Kelly Slaughter regresa al FTC tras fallo judicial
La escena política en Estados Unidos ha tenido un giro interesante esta semana con la reincorporación de la comisionada demócrata Rebecca Kelly Slaughter a la Comisión Federal de Comercio (FTC). Después de haber sido despedida por el expresidente Trump, Slaughter vuelve a su puesto gracias a un fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia. Este giro en los eventos nos invita a reflexionar sobre el alcance de la autoridad presidencial y el papel de la Corte Suprema en proteger las instituciones democráticas.
Para recapitular, el conflicto comenzó cuando el expresidente Donald Trump despidió a Slaughter, una acción que generó controversia por ir en contra de un precedente legal establecido por la Corte Suprema en el caso de Humphrey’s Executor contra Estados Unidos de 1935. Este fallo resaltó que el presidente solo tiene el derecho de despedir a los comisionados de la FTC bajo razones específicas, como ineficiencia o negligencia, y no meramente por diferencias políticas. Sin embargo, el motivo que Trump señaló para su decisión fue que el servicio continuo de Slaughter y el también demócrata Álvaro Bedoya era inconsistente con las prioridades de su administración.
En una decisión de 2 a 1, el panel de la Corte de Apelaciones decidió no continuar con la suspensión administrativa que había impedido que Slaughter volviera a su puesto. Los jueces determinaron que el Gobierno tenía pocas probabilidades de éxito en una apelación al no estar alineado con el precedente directo de la Corte Suprema. Esta decisión podría tener repercusiones más amplias si el caso llega a la Corte Suprema, posiblemente marcando una línea más precisa sobre los límites del poder ejecutivo.
Slaughter expresó su entusiasmo por regresar a su trabajo en la FTC y empezar de nuevo con sus responsabilidades. Este fallo no solo representa una victoria para ella en lo personal, sino que también solidifica un importante precedente para mantener el justo equilibrio de poder dentro del gobierno de los Estados Unidos. Sin importar hacia dónde avance en el futuro la disputa legal, este caso resalta la importancia de tener mecanismos de control y equilibrio que salvaguarden nuestros valores democráticos.
