España se posiciona como el Nuevo centro de datos de Europa con energía asequible

España se enfrenta a un momento crucial en el ámbito tecnológico y energético. En las oficinas de las principales empresas tecnológicas del mundo, como Amazon Web Services, Microsoft y Google, la península ibérica se destaca como un lugar clave para el desarrollo de centros de datos. La ubicación estratégica y la extensa red de fibra óptica que posee el país lo convierten en el candidato ideal para ser la gran ‘nube’ del sur de Europa. Sin embargo, este avance conlleva un costo: los centros de datos requieren un consumo de electricidad elevado, lo que plantea desafíos significativos.

En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se espera una inversión de 23,400 millones de euros relacionada con estos proyectos. Otras regiones, como Aragón, están viendo cómo la demanda de estos centros puede consumir hasta la mitad de toda la energía que se produce en su territorio. A pesar de esto, España se enfrentaba a una barrera regulatoria que limitaba la instalación de estos centros: un marco eléctrico diseñado para industrias pesadas, no para servidores.

Ante la urgencia de no perder la oportunidad de inversión, el Gobierno español ha decidido hacer cambios significativos en la regulación. El Ministerio de Industria y Turismo ha puesto en marcha una serie de reformas cuyo objetivo es permitir que los centros de datos accedan al Estatuto de los Consumidores Electrointensivos. Esta categoría, anteriormente reservada para la gran industria, ofrece compensaciones financieras que podrían ser decisivas para atraer inversiones en este sector.

El primer paso hacia esta transformación ya se ha dado. En una resolución publicada en enero, se abolió el principal obstáculo técnico que limitaba la operación de los centros de datos: el requisito de cumplir con un consumo mínimo de electricidad durante las horas más baratas. Bajo la normativa anterior, las empresas debían consumir al menos un 46% de su electricidad durante las horas nocturnas para ser elegibles para las ayudas. Esto entrenaba a una industria que normalmente puede operar en turnos nocturnos, pero es inviable para un centro de datos que necesita funcionar continuamente.

La nueva normativa ha eliminado esta exigencia, permitiendo que todos los solicitantes se beneficien de una ‘amnistía técnica’ diseñada para facilitar la entrada de nuevos actores en el mercado. Sin embargo, esta no es una solución temporal. En paralelo, el Ministerio está realizando una consulta pública para reformar de manera estructural el Estatuto, reconociendo que la legislación actual ya no está alineada con las necesidades del sector y debe adaptarse para mejorar la competitividad de las empresas frente a los altos costos de la energía.

Uno de los puntos clave de esta reforma es la urgente necesidad de revisar el concepto de ‘horas valle’. Históricamente, el consumo de electricidad durante las horas nocturnas era más barato, pero el auge de la energía solar ha cambiado radicalmente este panorama. Ahora, las horas más económicas suelen coincidir con el mediodía, cuando la producción solar es máxima. Mantener la obligación de consumo nocturno no solo era un obstáculo burocrático, sino que carecía de sentido económico y ecológico en el contexto actual de España.

Con la eliminación de este requisito, el Gobierno no solo apoya a las empresas tecnológicas, sino que también actualiza la legislación a la realidad de un sistema eléctrico que se basa cada vez más en fuentes renovables. Este movimiento busca reducir la burocracia y ofrecer más compensaciones económicas a los centros de datos, facilitando su establecimiento y operación en el país.

A pesar de estos avances, el sector mantiene una postura cautelosa. Desde SpainDC, la asociación que representa a los centros de datos en España, consideran que la eliminación del requisito de las horas valle es un paso positivo, pero advierten que el proceso apenas comienza y aún no se ha concretado la invitación oficial para participar en este cambio.

Un aspecto fundamental que aún debe abordarse es el Código Nacional de Actividad Económica (CNAE). Para poder ser considerados consumidores electrointensivos, es imprescindible que la actividad relacionada con los centros de datos se incluya en la lista de sectores elegibles. Si la reforma no incluye específicamente el CNAE correspondiente a ‘Proceso de datos’, la reforma resultará ineficaz para las empresas del sector.

Además, se añade una preocupación adicional relacionada con la infraestructura eléctrica. No basta con que la energía sea asequible; también es crucial que haya capacidad de conexión disponible. La Red Eléctrica se encuentra congestionada en ciertos puntos clave, y la industria está reclamando inversiones urgentes para garantizar que la energía que promete el Gobierno llegue efectivamente a los servidores.

Con este conjunto de medidas, España está lanzando un mensaje claro al mercado internacional: quiere convertirse en el principal almacén de datos de Europa y está dispuesta a modificar sus leyes para lograrlo. La reciente resolución del BOE es solo el primer paso de un camino que, si se aborda adecuadamente, podría transformar al país de ser reconocido por su sol y playas, a ser un referente global en el almacenamiento de datos y la energía renovable.