Glaciares en peligro: reforma que amenaza el agua en Argentina
La reforma a la Ley de Glaciares en Argentina
En medio de un marco legislativo tenso, el Congreso argentino se prepara para debatir una modificación de la Ley de Glaciares, una norma que ha sido fundamental para la protección de estos ecosistemas críticos. Comunidades locales, organizaciones socioambientales y expertos legales están expresando su alarma sobre las posibles consecuencias de esta reforma, que podría resultar en una grave pérdida de protección ambiental y un avance descontrolado de actividades extractivas.
La importancia de la Ley de Glaciares
La Ley 26.639, promulgada en 2010 tras años de movilización social, establece los lineamientos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglacial en el territorio argentino. Reconoce a estos ecosistemas como reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
- Prohíbe actividades que afecten los glaciares y suelos congelados, incluyendo la minería y la explotación de hidrocarburos.
- Facilitó la creación del Inventario Nacional de Glaciares, que identificó más de 16,000 cuerpos de hielo en Argentina.
- A pesar de que muchos glaciares están en la Patagonia, el 70% se encuentra en provincias del norte y oeste, como San Juan y Mendoza, donde son cruciales para la regulación hídrica.
El avance extractivo y los incendios forestales
Mientras se discute la modificación de esta ley esencial, la Patagonia enfrenta incendios forestales que han devastado más de 230,000 hectáreas de bosques y áreas productivas. Provincias como La Pampa y Chubut han registrado niveles de emergencia sin precedentes. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas señala que estos incendios y los intentos de debilitar la Ley de Glaciares son manifestaciones de una política ambiental que ignora la crisis climática y favorece a grandes intereses económicos.
Implicaciones legales de la reforma
La propuesta de modificación a la Ley de Glaciares, según Cristian Fernández de FARN, representa un grave retroceso en la protección ambiental. La ley debería reforzar la protección, no debilitarla. La reforma elimina el estándar mínimo de protección, permitiendo que las provincias decidan qué glaciares proteger y bajo qué condiciones, rompiendo así la lógica científica del inventario nacional.
Compromisos internacionales y derechos ambientales
Además, esta modificación vulnera compromisos como el Acuerdo de Escazú, que exige a los Estados garantizar el principio de no regresión ambiental. La propuesta no solo afecta a los glaciares, sino que sienta un precedente peligroso para otras normativas ambientales.
Conflictos locales y resistencia en Mendoza
Mendoza, ya afectada por la crisis hídrica, se enfrenta a conflictos intensos relacionados con la minería. La Legislatura provincial aprobó proyectos de explotación de cobre en zonas protegidas, a pesar de las objeciones de científicos y comunidades locales. Ana Llanos, activista de la Asamblea por el Valle de Uspallata, destaca que la reforma a la Ley de Glaciares es un paso final para facilitar estos proyectos en territorios hasta ahora protegidos.
Movimientos sociales y la lucha por el agua
Las comunidades están cada vez más organizadas, a pesar de la criminalización y el miedo que enfrentan. Muchos ven la minería como una salida a la crisis económica, pero son conscientes de los riesgos que conlleva. La resistencia se mantiene viva, con movilizaciones y asambleas que buscan proteger el agua y el medio ambiente.
La crisis climática y el modelo extractivista
La modificación de la Ley de Glaciares se inserta en un contexto más amplio de un modelo extractivista que ignora la crisis climática. Según la socióloga Maristella Svampa, este proyecto es parte de una política sistemática que prioriza intereses empresariales sobre la protección ambiental. El Gobierno nacional, al negar la crisis climática, está desmontando estructuras que podrían prevenir sus efectos, consolidando un modelo que entrega recursos naturales sin control.
Conclusión: lo que está en juego
En el Congreso se está jugando mucho más que una simple ley. Se define si Argentina prioriza la protección de sus bienes comunes, como el agua, o si avanza hacia un modelo de explotación total, sin controles ni licencias sociales. La base legal que garantiza el acceso al agua y la sostenibilidad de los territorios está en riesgo, y la posibilidad de un futuro habitable depende de la decisión que se tome.
