Supervivientes del Patronato denuncian que órdenes religiosas incumplen entrega de expedientes
Las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer denuncian que, a un año del compromiso público asumido por diversas congregaciones religiosas para facilitar la documentación, continúan sin recibir sus expedientes completos. El 9 de junio de 2025, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) se comprometió a entregar los archivos como parte del proceso de verdad, reconocimiento y reparación de las víctimas. Sin embargo, las órdenes religiosas solo han proporcionado fichas básicas de entrada y salida, omitiendo información clave como los motivos del ingreso, informes internos y circunstancias de la estancia.
Compromisos incumplidos
Consuelo García del Cid, portavoz de las supervivientes, señaló que congregaciones como las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y las Adoratrices solo han remitido información mínima, mientras que las Cruzadas Evangélicas ni siquiera responden a los correos. Especialmente grave es el caso de las Misioneras de María Ianua Coeli, responsables del reformatorio de Villalba en Madrid, quienes habrían reconocido haber destruido la documentación existente.
Un oscuro capítulo de la historia
El Patronato de Protección a la Mujer fue una institución pública que funcionó entre 1941 y 1985, creada durante el franquismo y mantenida en los primeros años de la democracia. Permitió el internamiento de decenas de miles de adolescentes y jóvenes consideradas “caídas” o “moralmente peligrosas”, sin delito, juicio ni defensa, por motivos relacionados con su conducta, sexualidad o conflictos familiares. Los centros, gestionados por congregaciones religiosas, fueron escenario de castigos físicos y psicológicos, aislamiento, humillaciones, trabajos forzados y separación de madres e hijos.
La lucha por la verdad
García del Cid, superviviente y activista, recuerda que el compromiso de junio de 2025 incluía facilitar el acceso a los expedientes personales para reconstruir su historia y esclarecer las circunstancias de los internamientos. Sin embargo, la negativa a entregar la documentación completa obstaculiza cualquier proceso de verdad y reparación. “Es nuestra historia, tenemos derecho a saber qué dijeron de nosotras, aunque fueran mentiras”, reivindica.
Reconocimientos públicos cuestionados
Las supervivientes critican que algunas congregaciones, como las Adoratrices, sigan recibiendo reconocimientos públicos, como el Premio Derechos Humanos Rey de España, sin rendir cuentas por su papel en el Patronato. La Comisión de la Verdad, creada el 25 de marzo de 2026 en el marco de la Ley de Memoria Democrática, investiga las vulneraciones de derechos humanos. Una subcomisión específica analiza los archivos conservados, los no localizados y los posiblemente destruidos, para valorar las medidas correspondientes.
