Crece el escándalo: auditor superior de Chihuahua es investigado por FGR y ASF
El clima político en Chihuahua se vuelve a tensar tras el resurgimiento del nombre de Héctor Acosta Félix, Auditor Superior del Estado, en investigaciones que alcanzan ya el nivel federal.
A pesar de que el Congreso local avanza hacia su reelección con respaldo de la gobernadora María Eugenia Campos, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantienen abiertas diversas indagatorias sobre su desempeño en los últimos años.
De acuerdo con documentos obtenidos, las autoridades federales analizan presuntos actos de encubrimiento dentro del Gobierno estatal y la posible construcción de expedientes con motivaciones políticas. Las investigaciones no se limitan a faltas administrativas: abarcan decisiones estratégicas que podrían tener implicaciones legales y un impacto político significativo para la entidad.
Entre los elementos que más llamaron la atención de la FGR y la ASF se encuentra la “Auditoría Forense a la deuda pública 2021”, una revisión solicitada directamente por Acosta Félix. La auditoría se enfocó exclusivamente en la empresa López Elías Finanzas Públicas, S.C., involucrada en el refinanciamiento de la deuda estatal durante 2019. Cabe destacar que ese despacho ya había sido auditado sin resultados adversos. Por ello, expertos consideran que ordenar una revisión adicional sobre los mismos actos sin evidencia novedosa podría vulnerar principios constitucionales relacionados con la duplicidad de revisiones.
El informe forense se sustenta en una asunción que especialistas califican como débil: que la ausencia de ciertos documentos en la Secretaría de Hacienda implica automáticamente un incumplimiento del proveedor. Este planteamiento, considerado metodológicamente insuficiente, encendió alertas adicionales en los órganos federales encargados de supervisar el uso de recursos públicos.
Otro punto crítico es la presunta invasión de facultades federales. El artículo 79 de la Constitución otorga exclusivamente a la ASF la capacidad de auditar recursos relacionados con Participaciones Federales. Sin embargo, la Auditoría Superior del Estado se involucró directamente en esa revisión, ignorando límites legales e incluso omitiendo un documento clave: el Decreto de Autorización aprobado por el Congreso de Chihuahua para el refinanciamiento de la deuda. Dicha omisión, según especialistas, afecta de manera directa el análisis integral del caso.
La acumulación de inconsistencias técnicas y el posible rebase de facultades motivaron la apertura de investigaciones formales en ambos organismos federales. Aun así, el Congreso de Chihuahua mantiene firme su intención de reelegir al Auditor Superior, movimiento que analistas consideran arriesgado ante el contexto actual.
Expertos destacan que, si se confirma la reelección mientras siguen abiertas las indagatorias federales, los legisladores podrían verse expuestos a cuestionamientos institucionales. Si las autoridades encuentran irregularidades graves, el auditor podría ser removido posteriormente, generando tensiones con órganos de fiscalización y dejando en entredicho la independencia del sistema estatal de control.
Con este panorama, la reelección del auditor se ha transformado en un tema de alto contenido político. Las investigaciones federales avanzan mientras Chihuahua observa un escenario donde la continuidad del titular de la ASE podría convertirse en un factor de inestabilidad para la administración pública.
