La reforma de la ley de glaciares: quién gana y quién pierde en Argentina
En las alturas de la cordillera de los Andes, donde el silencio solo es interrumpido por el viento y el crujir del hielo milenario, se libra una batalla que definirá el futuro del agua en Argentina. El proyecto para reformar la Ley de Glaciares ha encendido alarmas en todas las provincias cordilleranas, pero para quienes conocen la historia, esta pulseada no es nueva.
Una ley bajo asedio constante
“Esta es una pulseada muy vieja”, afirma Raúl Orduña, integrante de la Asamblea por el Agua del Valle de Calingasta en San Juan. Su voz lleva la experiencia de años de resistencia. Hace un recorrido histórico que incluye el veto de la entonces presidenta Cristina Fernández y los recursos de inconstitucionalidad presentados por gigantes mineros como Barrick Gold y Xtrata Cooper.
El actual proyecto de modificación se inscribe como una nueva estrategia empresarial. “Para derribar la ley o flexibilizarla, modificarla o desnaturalizarla”, manifiesta Orduña. La conclusión es contundente: “La reforma es un pedido de las grandes corporaciones”.
El poder de influencia minera
Para Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, el proyecto legislativo demuestra claramente “el poder de influencia que tienen las multinacionales mineras, no sólo en el Ejecutivo nacional, sino en el Congreso de la Nación”.
Lo que podría parecer escandaloso, las empresas lo dicen sin sonrojarse. En 2020, Yamana Gold —entonces propietaria del proyecto Agua Rica en Andalgalá— anunció un plan de comunicaciones “con el objetivo primario de contribuir a generar licencia social para operar e influir en el marco regulatorio”.
El combo perfecto: RIGI + reforma glacial
De aprobarse, la reforma legislativa se sumaría a los beneficios impositivos del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que fue extendido por un año más. Analía Roggiano Vio, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza, lo define sin ambages: “Para que el saqueo sea total”.
No es casualidad que algunas de las empresas que solicitaron adhesión al RIGI sean las mismas que buscan avanzar con proyectos en zonas hoy protegidas por la Ley de Glaciares:
- Glencore con sus proyectos MARA y El Pachón (Catamarca y San Juan)
- BHP y Lundin Mining al frente del proyecto Vicuña (San Juan)
- McEwen Cooper en el proyecto Los Azules (San Juan)
Proyecto Vicuña: promesas y realidades
Entre los proyectos más promocionados está Vicuña, de la canadiense Lundin Mining y la anglo-australiana BHP. Enclavado en el extremo noroeste de San Juan, en el límite con Chile, Vicuña fusiona los proyectos Josemaría y Filo del Sol para extraer cobre, oro y plata.
Mientras el gobierno provincial afirma que la vida útil de Josemaría podría extenderse a 25 años, Lundin promociona una explotación que superaría los 70 años. Una diferencia llamativa que habla por sí sola.
Glaciares en la mira directa
La Asamblea Jáchal No Se Toca denuncia que la explotación de Josemaría destruiría el glaciar GE110. La prueba está en el propio Informe de Impacto Ambiental del proyecto, que muestra superpuestos el glaciar y el pozo que generarían las explosiones.
Saúl Zeballos, integrante de esa organización, relata el arduo trabajo que significó que ese glaciar fuera reconocido e incorporado al Inventario Nacional de Glaciares en 2022. “Sin embargo, el proyecto de reforma vuelve a ponerlo en peligro”, advierte.
El glaciar El Potro: una reserva continental
“El glaciar El Potro es el más grande de todo el norte argentino y chileno”, afirma Federico Garrot, guía turístico, montañista e integrante de la Asamblea por la Vida de Chilecito, La Rioja. Explica que el cuerpo de hielo se encuentra en un 40% en La Rioja y un 60% en Chile.
Un informe publicado en 2012 por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha) revela datos impactantes: “Es tan grande el glaciar El Potro que podría darle a toda la población argentina un litro de agua cada día durante 30 años”.
Catamarca: el laboratorio de la megaminería
“Si se llegara a aprobar esta pretendida modificación de la Ley de Glaciares, sería básicamente el certificado de defunción de Andalgalá”, expresa sin medias tintas Sergio Martínez, técnico superior en Gestión Ambiental.
Lo dice desde el oeste de Catamarca, primer territorio donde se implementó la megaminería a cielo abierto en Argentina y donde hoy está en marcha el proyecto MARA (Minera Agua Rica Alumbrera) de la corporación anglo-suiza Glencore.
Informes oficiales ignorados
Informes del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el Servicio Geológico Minero (Segemar) y el Ministerio de Ambiente de la Nación señalan la existencia de glaciares y ambiente periglacial en la zona del yacimiento Agua Rica.
“A sabiendas de esto, funcionarios provinciales y nacionales suscribieron el acuerdo de integración de las mineras Agua Rica y Alumbrera y avalaron así un proyecto que infringe la Ley de Glaciares”, denuncia Martínez.
San Juan: agua para minas o para la vida
En el departamento Calingasta, que ocupa el 25% del territorio de San Juan, se sitúan los proyectos mineros Los Azules y El Pachón. Según el Atlas de glaciares de la Argentina editado por el IANIGLA, esta región “es conocida como una de las de mayor densidad de glaciares de escombros a nivel mundial”.
“Donde están asentados esos proyectos, nace el río Blanco, principal afluente del río Los Patos”, explica Raúl Orduña. Este río es a su vez uno de los mayores aportantes del río San Juan, el principal curso de agua de la provincia y responsable de dar vida al Valle del Tulum, polo agrícola y urbano que concentra a más del 73% de la población sanjuanina.
Consumo de agua: cifras que alarman
Orduña subraya un dato crucial: se estima que, por día, sólo El Pachón y Los Azules consumirán 120 millones de litros del agua que proveen los glaciares. “El agua es el principal insumo de la actividad minera”, explica, mientras ironiza sobre la aprobación ambiental que “le falta un detallito muy importante, que es la cantidad de agua”.
Daños ya documentados
Sobre Los Azules ya pesan denuncias por daños a glaciares y ambiente periglacial ocasionados durante la exploración. En un informe detallado, el doctor en Ciencias Geológicas Juan Pablo Milana enumera:
- Más de 77 kilómetros de caminos
- 82 plataformas de perforación
- 8 kilómetros de zanjas en suelos congelados
- 11 glaciares de roca y 4 protalus lobes intervenidos
El Pachón: medio siglo de espera minera
El Pachón es un yacimiento de cobre, molibdeno y plata ubicado en Calingasta, a cinco kilómetros de la frontera con Chile. Aunque Glencore —actual propietaria— no presentó aún el Informe de Impacto Ambiental, el portfolio publicado por el gobierno nacional anticipa que empezaría a producir en 2034 con una vida útil superior a los 40 años.
Lo curioso es que los estudios de factibilidad concluyeron hace medio siglo, en 1977, pero “el contexto socioeconómico retrasó el avance del proyecto”, según la empresa. Nada dice de la traba que significó, a partir de 2010, la Ley Nacional de Glaciares.
Mendoza: la guía que habilita la minería en glaciares
En diciembre de 2025, el presidente Javier Milei afirmó que la idea de reformar la ley se la debía al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Precisamente en Mendoza se registró la mayor embestida megaminera de los últimos años, con la aprobación exprés de 61 proyectos en el llamado Malargüe Distrito Minero Occidental.
Casi desapercibida pasó la implementación de la “Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza: estudios de glaciares y ambiente periglacial en proyectos mineros”, un protocolo que busca habilitar la actividad minera en estas zonas.
Un protocolo cuestionable
La guía se basa en un informe de la consultora Mountain Pass, con sede en Estados Unidos, que ofrece servicios ambientales y geológicos a empresas mineras. En sus conclusiones se lee: “Si existe un sector de claro interés económico, se estiman las áreas a impactar… Es muy probable que el porcentaje de área a ser impactada sea muy reducido y el valor hídrico poco significativo”.
Cambio climático y emergencia hídrica: el contrasentido
En un escenario de cambio climático, con advertencias por el retroceso de glaciares y emergencia hídrica en varias provincias, el proyecto de reforma resulta “un contrasentido”, define Zeballos.
“En enero y febrero de este año, los ríos de San Juan han traído el 40% menos que lo pronosticado”, grafica el asambleísta. Y recuerda que “nuestros ríos son de régimen nivo-glaciar-periglacial”, por lo que proteger estos ambientes es crucial.
El permafrost: más que suelo congelado
Federico Garrot explica que el permafrost no es simplemente suelo congelado: “Es el primero que da agua con los primeros calores, es lo primero que se empieza a derretir y armar esos cursos de agua”.
Lo que está en juego
“Está en juego la vida de nuestros pueblos, con todas las actividades que dependen del agua”, remarca Zeballos. Para Analía Roggiano, desproteger las reservas hídricas equivale a “que nos estén echando”.
Zeballos acompaña esa visión con crudeza: “No queremos terminar alimentando las villas miserias de las grandes ciudades”.
Resistencia y unidad
Mientras empresarios, funcionarios y medios afines endurecen el lobby minero, habitantes de todas las provincias se manifiestan en las calles y redes digitales contra la reforma. Se preparan para participar de una audiencia pública que, por la cantidad de personas inscriptas, ya es histórica.
“Esto no es nuevo —afirma Orduña— eso es un capítulo más y hay que resistir”. Los asambleístas coinciden en la necesidad de profundizar y unificar las luchas. Porque cuando se trata del agua, no hay fronteras políticas que valgan, ni daños que se contengan.
