Chile se convirtió esta semana en el primer país de América Latina en avanzar con una ley antideepfakes. La Cámara de Diputados aprobó, con 128 votos a favor, un proyecto que sanciona con multas de hasta $716 millones de pesos chilenos (unos USD 760.000) la creación y difusión de contenidos falsos generados con inteligencia artificial (IA).
La nueva legislación también obliga a las plataformas digitales a retirar este tipo de contenido en un máximo de 72 horas. La medida llega en medio de una ola de fraude potenciado por IA que golpea a toda Latinoamérica, según revela el Fraud & Security Report 2026 de Infobip, plataforma global de comunicaciones en la nube con enfoque AI-first.
Uno de los aspectos más innovadores de la ley es la creación del derecho a la “integridad digital”, que protege la imagen, el cuerpo y la voz de una persona incluso después de su muerte. Este derecho busca resguardar a los ciudadanos frente a la manipulación de su identidad mediante tecnologías de IA.
El contexto regional es alarmante. De acuerdo con el informe de Infobip, más del 81% de los casos de fraude con IA detectados en 2025 a nivel global involucraron deepfakes. Además, el phishing representó el 49% de todo el contenido dañino bloqueado a nivel mundial en 2025, con un salto interanual del 94%.
El informe también destaca que el 70% de los ataques de phishing móvil ya ocurren a través de SMS, canal donde las estafas crecieron 40%. Estas cifras reflejan la urgencia de adoptar marcos legales como el chileno para enfrentar una amenaza que no distingue fronteras.
Las proyecciones son igualmente preocupantes: para finales de este año, hasta el 30% del contenido audiovisual en internet podría estar generado o modificado con inteligencia artificial. Esto subraya la necesidad de que otros países de la región sigan el ejemplo de Chile y establezcan regulaciones claras para proteger a los usuarios.
Con esta ley, Chile se posiciona a la vanguardia en la lucha contra los deepfakes en América Latina, estableciendo un precedente que podría inspirar a otras naciones. La combinación de sanciones económicas, plazos obligatorios de retiro y la protección de la integridad digital constituye un enfoque integral para mitigar los riesgos de la IA maliciosa.