Donostia prohíbe cenas solidarias y crece el discurso racista
En la ciudad de Donostia, el Ayuntamiento ha prohibido la distribución de cenas solidarias en la vía pública, una práctica que el colectivo Cenas Solidarias (KAS) realizaba desde hace seis años. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre la criminalización de la ayuda humanitaria y el avance de discursos racistas. Para comprender las implicaciones, entrevistamos a Kristina Fernández, miembro de KAS.
Seis años de solidaridad en las plazas
KAS nació tras el desalojo del barrio de Inpernu, cuando muchas personas sin hogar se trasladaron al centro de la ciudad y comenzaron a reunirse en la Plaza Berria. Un grupo de vecinos identificó la necesidad urgente de cenas calientes y empezó a prepararlas diariamente. Lo que inició con diez personas hoy es una red de casi 300 voluntarios de diversos orígenes, edades e ideologías. Los puntos de reparto se convirtieron en espacios de encuentro y apoyo mutuo, no solo de alimentación.
¿Caridad o derecho?
Kristina Fernández aclara que no se trata de caridad: «Repartimos cenas porque el Ayuntamiento no ofrece este servicio y no responde a la necesidad. Además, no es solo dar comida y que cada quien se vaya; creamos lazos y nos cuidamos entre nosotros. KAS da cena a quien lo necesita, sin distinciones».
La prohibición y sus razones
La prohibición tomó por sorpresa al colectivo, que se encontraba disperso durante el verano. Semanas antes, el Partido Popular había presentado una moción para prohibir los repartos. El Ayuntamiento argumentó tres motivos: ocupación del espacio público, posibles problemas de salud y seguridad. Fernández cuestiona estos argumentos: «Llevamos seis años ocupando el espacio público y en documentos municipales el propio Ayuntamiento recomendaba nuestros puntos para cenar. En cuanto a la salud, habría que ver otras actividades que se realizan en Donostia. Y sobre la seguridad, ¿para quién es segura la ciudad si algunas personas se quedan sin comer?».
¿Qué hay detrás de la prohibición?
Para KAS, la prohibición responde a una intención de ocultar la realidad ante los turistas. «Le molesta al Ayuntamiento que en esta ciudad postal, en las fotos de los turistas, aparezcamos repartiendo cenas en la Plaza Berria o en la Diputación. No quieren que los turistas vean esto», afirma Fernández.
La respuesta del Ayuntamiento y la exigencia de KAS
El Ayuntamiento ha anunciado que ofrecerá 100 cenas más, pero KAS considera que es insuficiente. «El Ayuntamiento dice que nuestros datos —300 personas sin comida— no son reales. Para ellos, esa necesidad no existe. Exigimos recursos reales e integrales, que se ofrezcan tres comidas diarias y que no haya listas de espera de meses para acceder a los recursos municipales. Mientras tanto, que dejen a KAS en paz y aprovechen nuestra experiencia», reclama Fernández.
El vínculo con el discurso racista
La entrevistada relaciona la prohibición con el aumento de discursos racistas. «El discurso racista es superficial, simplista, y lamentablemente encuentra espacio. No solo en Donostia: son palabras que se extienden por el mundo y dan miedo. Hace no tanto daba vergüenza decir que eras racista o de derechas; ahora no tienen vergüenza y parece que está de moda», señala.
Fernández advierte que los discursos de odio crean un marco de permisividad que deshumaniza a las personas migrantes y legitima la violencia. «No hay una relación mecánica de causa-efecto entre un discurso y un ataque, pero los discursos crean condiciones sociales que hacen que la violencia sea posible, justificable o incluso aceptable. Si durante meses se presenta a las personas migrantes como una amenaza, como responsables de la inseguridad, se construye un proceso de deshumanización. Cuando esa mirada se normaliza, la percepción de la violencia que sufren también cambia», explica.
El ataque reciente
La entrevista menciona un ataque reciente: «Hace una semana dispararon tres tiros desde un balcón a una persona migrante que estaba sentada en la calle. Es una violencia gravísima». Fernández vincula este hecho con la criminalización de las personas migrantes y de las redes de apoyo. «Lo que ocurre alrededor de KAS lo sitúo dentro de un proceso más amplio de criminalización de las personas migrantes y de quienes les ayudan. En los últimos meses, la presencia de migrantes en el espacio público se ha vinculado cada vez más con la inseguridad y los conflictos. El problema es que cuando a ciertas personas se las construye permanentemente como un problema de seguridad, dejamos de preguntarnos qué seguridad necesitan ellas», reflexiona.
La necesidad de una respuesta integral
Ante esta situación, KAS pide no normalizar ni minimizar la violencia. «La seguridad no debe plantearse solo desde la policía. Seguridad es también tener vivienda, comida, no ser expulsado continuamente del espacio público, poder ejercer derechos y vivir sin la amenaza constante de ser señalado o perseguido. Las instituciones tienen responsabilidad en el clima social que se genera. La respuesta debe ser proteger, reparar, investigar y garantizar derechos, pero también desmontar el discurso que convierte a algunas personas en cuerpos sospechosos, incómodos o desechables», concluye Fernández.
La situación en Donostia refleja una tensión global entre la solidaridad y las políticas que priorizan la imagen turística sobre los derechos humanos. Mientras KAS continúa su labor con menos recursos y más obstáculos, el debate sobre la criminalización de la ayuda y el avance del racismo sigue abierto.
