El cierre del Ueno Bank, un banco digital vinculado al presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha sumido al país en una crisis financiera y política sin precedentes. La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de intervenir la entidad por falta de solvencia dejó a casi 3 millones de paraguayos sin acceso a sus ahorros y desencadenó una cadena de eventos que culminó con la renuncia del mandatario.
La madrugada que cambió todo
A las 3:24 de la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026, el BCP anunció en la red social X el cierre de Ueno Bank. La entidad, que operaba como banco digital desde noviembre de 2023, no pudo hacer frente a sus obligaciones. En cuestión de horas, miles de familias descubrieron que no podían disponer de sus depósitos, y el gobierno confirmó que 800 millones de dólares de fondos públicos estaban depositados en la institución.
Ese mismo día, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra ocho directivos del banco, entre ellos Federico Miguel Vázquez, vicepresidente primero de Ueno y fundador del Grupo Vázquez, un conglomerado de al menos 28 empresas. Según la imputación, el banco habría operado un esquema de captación y estafa que afectó a millones de clientes.
Imputaciones y represión
El miércoles 4 de noviembre, la Fiscalía imputó a 27 directivos del grupo por delitos de conducta indebida en situaciones de crisis y lesión de confianza. Ese mismo día, diputados de la oposición presentaron un proyecto de juicio político contra Peña, mientras en las calles de Asunción la Policía reprimía con balines de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes a los manifestantes que protestaban por la pérdida de sus ahorros.
La tensión escaló rápidamente. El jueves 5 de noviembre, la Cámara de Diputados inició formalmente el juicio político. Pero a las 13:30, antes de que se votara su destitución, Peña presentó su renuncia. El Senado intentó aceptarla, pero prevaleció la línea del juicio político, que continuó al día siguiente. Mientras tanto, un juez ordenó prisión preventiva para los ocho directivos de Ueno.
Un esquema de crecimiento asistido por el poder
La investigación periodística de El Surti, que sirve de base a este artículo, revela cómo el crecimiento meteórico de Ueno Bank y del Grupo Vázquez estuvo apuntalado por decisiones políticas desde la asunción de Peña en agosto de 2023.
- Manipulación de normas del Instituto de Previsión Social (IPS): A tres meses del nuevo gobierno, el consejo del IPS bajó las exigencias para que un banco recibiera sus fondos, lo que permitió que Ueno calificara. Un año después, se eliminó el límite de patrimonio que el IPS podía depositar en un banco. Ueno se quedó con cerca de 350 millones de dólares del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones, casi el 9% del dinero de los actuales y futuros jubilados. Ahora se desconoce el destino de esos fondos.
- Modificación de la ley de conflictos de intereses: A finales de 2023, el Congreso cercenó la ley, facilitando la inclusión de exfuncionarios de Ueno y del Banco Basa (del expresidente Horacio Cartes) en puestos estratégicos y la repartija de licitaciones al Grupo Vázquez. El propio Peña es un caso de puertas giratorias: fue miembro del directorio del BCP, ministro de Hacienda, director del Banco Basa y luego presidente.
- Crecimiento acelerado: En noviembre de 2021, el Grupo Vázquez adquirió Financiera El Comercio y un mes después la rebautizó como Ueno. Con la llegada de Peña al poder, Carlos Carvallo Spalding, entonces presidente de la financiera, asumió la presidencia del BCP y autorizó que Ueno operara como banco.
- Acciones del presidente: Peña era accionista de Credicentro, una casa de créditos del Grupo Vázquez que en 2022 pasó a llamarse Ueno Holding. En 2023 cuadruplicó sus acciones, llegando a tener 6 mil millones de guaraníes (alrededor de 1 millón de dólares). En marzo de 2025 anunció la venta de sus acciones tras las denuncias mediáticas.
- Favoritismo en licitaciones: De agosto de 2023 a agosto de 2026, el Grupo Vázquez fue adjudicado en 145 licitaciones públicas por cerca de 40 millones de dólares. Solo ITTI, su empresa tecnológica, ya había sido beneficiada con más adjudicaciones que el gobierno anterior, incluyendo el desarrollo del homebanking del Banco Nacional de Fomento y la conexión de bases de datos para Che Róga Pora.
El modus operandi: préstamos vinculados y ocultamiento
Entre 2025 y 2026, el directorio de Ueno autorizó préstamos millonarios a empresas del mismo grupo económico, sin garantías y por montos superiores a su capacidad de pago. El dinero terminaba en otras compañías del Grupo Vázquez. Para la Fiscalía, la figura central es Federico Miguel Vázquez, dueño final del banco, vicepresidente y controlador de las empresas receptoras.
La estructura societaria era compleja: Ueno Bank pertenece en un 91,21% a U Paraguay S.A., que a su vez es propiedad de U Holdings, una sociedad constituida en Luxemburgo 45 días después de que Peña asumiera la presidencia. En ese holding europeo, el Grupo Vázquez tenía el 86,73%, el banco húngaro OTP el 9,99% y accionistas minoritarios el resto. Francisco Peña, hermano del presidente, tenía acciones en la sociedad luxemburguesa.
La Justicia ordenó embargos preventivos por 70 millones de dólares y 1,62 billones de guaraníes sobre bienes de directivos y de las sociedades involucradas. Además, se investiga el papel de ITTI, la tecnológica del grupo, que era socia del banco, dueña de varias firmas deudoras y destino principal de los fondos. Según la imputación, el esquema era circular: las deudas se cancelaban con dinero de otras empresas del grupo, a veces proveniente de nuevos sobregiros del propio banco.
Cuando la Superintendencia de Bancos insistió en fiscalizar, Ueno vendió una cartera de 74,4 millones de dólares a Vinanzas S.A., otra empresa vinculada, que la pagó con fondos que en última instancia provenían del mismo Ueno Bank. La Fiscalía calcula que quedan por cobrar unos 167 millones de dólares y 343.000 millones de guaraníes, con escasas posibilidades de recuperación.
Consecuencias sociales y económicas
El impacto es devastador. Los ahorros de 2,9 millones de paraguayos que tenían cuentas en Ueno se vieron afectados, incluidos 32 mil jubilados. El gobierno ha dispuesto recurrir a un fondo de garantías para devolver su dinero a ahorristas con hasta 75 salarios mínimos (aproximadamente 37 mil dólares), pero el proceso es incierto.
El cierre del banco también dejó sin capital al Grupo Vázquez. Todos los trabajadores del banco y empresas vinculadas cobraban sus salarios a través de Ueno. Se estima que entre 4 mil y 6 mil trabajadores quedaron sin empleo, incluidos 200 de prensa que presentaron una demanda colectiva. Además, la empresa ITTI tiene una sucursal en Argentina con cerca de 800 trabajadores contratados por Kaitel SRL, quienes tampoco saben qué pasará con sus puestos o indemnizaciones.
La senadora opositora Esperanza Martínez presentó una denuncia contra Peña en la Fiscalía de Delitos Económicos, la misma que investiga a los directivos de Ueno. “Que se lo impute y confisquen sus bienes. La plata que robaron se debe recuperar y con esa pagar a la gente”, declaró. La denuncia también incluye a miembros del directorio del BCP, como Carlos Carvallo Spalding, quien fue directivo de Ueno Bank antes de asumir la presidencia de la banca pública durante el gobierno de Peña.
Si la investigación prueba los delitos atribuidos a los directivos de Ueno y del Grupo Vázquez, así como la complicidad de Peña y miembros del BCP, este caso podría ser comparable o incluso mayor que el del Banco Máster en Brasil, vinculado a los Bolsonaro, que afectó a casi 2 millones de brasileños.
Mientras tanto, Paraguay enfrenta un temor latente por la profundización de una crisis social y económica con ramificaciones a mediano y largo plazo. La renuncia de Peña no ha calmado los ánimos, y la sociedad exige justicia y la recuperación de sus ahorros.