Este noviembre, los votantes de cuatro estados de Estados Unidos (Idaho, Nevada, Virginia y Misuri) decidirán en las urnas el futuro del derecho al aborto y otros derechos reproductivos. Tres de esas entidades votarán medidas para proteger el acceso al aborto, mientras que Misuri someterá a consideración una iniciativa que busca derogar la protección constitucional aprobada por los propios votantes en 2024. La decisión trasciende fronteras: marca un precedente sobre cómo la participación ciudadana puede revertir o consolidar restricciones a derechos sexuales y reproductivos, un debate vigente en toda América Latina.
Idaho: una medida para desafiar la prohibición total
La iniciativa Proposition 1 (Reproductive Freedom and Privacy Act), impulsada por la organización Idahoans United for Women and Families, crearía una vía legal para impugnar la prohibición total del aborto que rige en el estado. La medida establecería por ley estatal un derecho a la libertad reproductiva y a la privacidad, impidiendo al estado restringir el aborto antes de la viabilidad fetal; después de ese umbral, se permitirían restricciones salvo en casos de emergencia médica. También protegería las decisiones sobre embarazo, parto, anticoncepción, tratamientos de fertilidad y atención de pérdida gestacional frente a la interferencia gubernamental.
Sin embargo, la medida no modificaría la constitución estatal, sino que crearía un derecho statutory (legal) al aborto. Aunque representaría un avance vital, las leyes son más fáciles de derogar que las enmiendas constitucionales. Idaho es el único estado con una medida protectora que además mantiene una prohibición total del aborto, la cual probablemente enfrentaría desafíos judiciales si la iniciativa prospera.
La prohibición actual ha tenido consecuencias medibles: en 2025, 850 abortos fueron proporcionados a residentes de Idaho mediante telesalud por clínicas ubicadas en otros estados, amparadas por leyes de protección (shield laws), según el estudio mensual de Guttmacher. En los otros estados con medidas este año, se realizaron más de 59,000 abortos en 2025, la gran mayoría en Virginia.
Nevada: segunda votación para enmendar la constitución
La Question 6 (Right to Abortion Initiative), liderada por Nevadans for Reproductive Freedom, establecería el derecho al aborto en la constitución estatal, aunque permitiría restricciones después de la viabilidad, excepto cuando sea necesario para proteger la vida o la salud física de la persona embarazada. Esta es la segunda vez que los votantes de Nevada se pronuncian sobre la medida, debido al requisito de dos elecciones para enmendar la constitución. La iniciativa ya pasó en 2024 y, de aprobarse de nuevo, entraría en vigor tras una votación de la Corte Suprema estatal, que históricamente se ha mostrado favorable al derecho al aborto.
Virginia: protección constitucional con límites en el tercer trimestre
La Question 1 (Right to Reproductive Freedom Amendment), impulsada por Virginians for Reproductive Freedom, consagraría en la constitución estatal el derecho a la libertad reproductiva. Protegería específicamente la libertad de las personas para tomar y llevar a cabo decisiones personales sobre atención prenatal, parto, cuidado posparto, anticoncepción, aborto, pérdida gestacional y tratamientos de fertilidad. También protegería a pacientes, médicos y enfermeras de ser castigados por estas decisiones o por ayudar a otros a ejercerlas. No obstante, la medida permite restricciones al acceso al aborto durante el tercer trimestre, salvo cuando la salud de la paciente esté en riesgo o el embarazo no sea viable.
Misuri: la contraofensiva antiaborto
La Amendment 3 (Prohibit Abortion and Gender Transition Procedures for Minors Amendment), promovida por el comité de acción política antiaborto Her Health and Her Future PAC, buscaría derogar el derecho a la libertad reproductiva que los votantes de Misuri consagraron en la constitución estatal en 2024. La enmienda prohibiría el aborto excepto en casos de emergencia médica, anomalía fetal, violación o incesto, y exigiría el consentimiento de padres o tutores para menores que busquen un aborto. También prohibiría el financiamiento público del aborto y permitiría a la legislatura promulgar diversas restricciones innecesarias, conocidas como leyes TRAP (dirigidas a regulaciones específicas de proveedores de aborto), que aumentan la supervisión de las clínicas y encarecen y dificultan la prestación del servicio. Además, la enmienda prohibiría la atención de afirmación de género para menores, que ya está vetada por ley estatal.
La aprobación de la medida en 2024 abrió una vía legal para revocar la prohibición total del aborto en Misuri, permitiendo que la atención procesal se reanudara en 2025. En junio de 2026, otro fallo anuló las restricciones que impedían a las clínicas ofrecer aborto con medicamentos, reanudándose por primera vez desde 2018.
El avance de las medidas contra derechos reproductivos y de género
El éxito de las medidas que protegen el aborto ha llevado a los grupos antiaborto a redoblar estrategias para restringir las iniciativas ciudadanas en todas las etapas del proceso. Este año, votantes de varios estados enfrentarán proposiciones que dificultarían la aprobación de medidas. Un esfuerzo similar ya fracasó en Misuri en agosto de 2026, cuando los votantes rechazaron una medida que habría exigido mayoría de votantes en cada distrito congresional, en lugar de una mayoría estatal.
Además, en cinco estados (Arizona, Colorado, Misuri, Nebraska y Washington) se votarán medidas que buscan socavar los derechos de los menores transgénero, principalmente atacando la atención de afirmación de género y la participación deportiva de jóvenes trans. La medida antiaborto de Misuri también incluye disposiciones contra la atención de afirmación de género para menores.
Lecciones de 2024 y lo que está en juego
En 2024, diez estados votaron medidas para afirmar el derecho al aborto y siete se aprobaron. En 2022 y 2023, los votantes de los siete estados con medidas sobre el aborto se pronunciaron decisivamente a favor de mantener o ampliar estos derechos. Desde esas victorias, los defensores en estados con restricciones han utilizado las nuevas protecciones como base legal para ampliar el acceso. En Arizona, por ejemplo, los votantes protegieron el derecho al aborto en noviembre de 2024, lo que permitió impugnar la prohibición de las 15 semanas ese mismo año. Litigios posteriores también eliminaron restricciones adicionales en febrero de 2026, como las prohibiciones de telesalud y envío de píldoras abortivas, y los mandatos de consejería sesgada, ultrasonidos médicamente innecesarios y periodos de espera punitivos.
Aunque las medidas que añaden protecciones constitucionales o legales son vitales, no revocan automáticamente las restricciones, y a menudo se necesita litigio para anularlas. Además, las protecciones pueden quedarse cortas para garantizar el acceso a todas las personas que lo necesitan, ya que suelen proteger el aborto hasta la viabilidad (un umbral médico variable que suele alcanzarse entre las 24 y 26 semanas de embarazo) y permiten al estado regular la atención después de ese punto.
La cita de la fuente original, la revista Ms., invita a compartir historias sobre cómo la libertad reproductiva ha permitido a las personas construir la vida que desean. Encuestas tras encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses apoya el acceso a la atención reproductiva; sin embargo, el debate público a menudo pasa por alto las vidas moldeadas por el acceso al aborto, la anticoncepción, la fecundación in vitro, la atención de pérdida gestacional, la salud materna o la educación sexual integral. Mujeres que eligieron estudiar, tener hijos o no tenerlos, proteger su salud y trazar su propio futuro. Esa conversación también resuena en América Latina, donde la marea verde y las legislaciones nacionales siguen disputando el mismo terreno.