Justicia para Azul: jurado declara transfemicidio en Neuquén
Un jurado popular de la provincia de Neuquén, Argentina, declaró este 21 de octubre de 2026 a Roberto Daniel Sánchez culpable del transfemicidio de Azul Semeñenko, un crimen de odio ocurrido el 25 de septiembre de 2025. La decisión, tomada tras una hora de deliberación en la duodécima audiencia, se convierte en un precedente histórico para la región: es el primer caso de crimen de odio por identidad de género que llega a juicio oral en Neuquén y sienta un precedente judicial y social en la defensa de los derechos de las disidencias sexuales y de género en América Latina.
Los hechos que conmocionaron a la comunidad
Según la teoría de la fiscalía, aquel 25 de septiembre de 2025, Sánchez abordó a Azul en la calle cuando ella ofrecía trabajo sexual. Minutos después, en su domicilio de Copahue al 1.100, la asesinó con golpes y al menos 25 heridas de arma blanca. Posteriormente, envolvió el cuerpo en una lona y, cerca de las 4 de la madrugada, lo trasladó 16 kilómetros hasta casi el límite con Plottier, donde lo arrojó a un canal de desagüe. El cuerpo fue hallado el 14 de octubre por personas que pasaban ocasionalmente por el lugar.
El fiscal Agustín García fue contundente en su alegato de clausura: “Sánchez no mató a Azul por algo que hizo; Sánchez mató a Azul por lo que era”.
Un veredicto con calificaciones múltiples
El jurado popular consideró a Sánchez responsable del delito de homicidio triplemente calificado:
- Por ensañamiento: por unanimidad.
- Por odio a la identidad de género: con 10 votos sobre 12.
- Por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género: por unanimidad.
Estas calificaciones agravan la pena y reflejan la naturaleza del crimen: un ataque directo a la identidad trans de Azul, según expusieron los peritos. El ataque se dirigió especialmente al rostro de la víctima para borrar y deshumanizar su identidad, y el cuerpo fue tratado como un desecho, ocultado durante 24 horas en la vivienda y luego arrojado a un canal.
La voz de la familia y la comunidad
Tras conocerse el veredicto, Marco Millapán, hermano de Azul, expresó frente a amigas, compañeras de trabajo, organizaciones feministas y transfeministas, e integrantes de la comunidad LGBTIQ+: “Haber conseguido este veredicto del jurado popular es fruto colectivo de cada uno de los que hoy están presentes y de los que nos han venido acompañando a lo largo de todo este año. No ha sido un año fácil, ha sido muy difícil, donde hemos tenido que tolerar injurias, faltas de respeto, situaciones muy humillantes. Pero acá estamos. Logramos lo que todos queríamos: justicia. Esto fue un transfemicidio, un crimen de odio”.
El fiscal jefe Agustín García destacó la complejidad del juicio: “Fue un juicio en donde había mucha información, muchos testigos, muchos peritos. Había que trabajarlo de tal modo que toda esa prueba fuera bien comprendida por el jurado. En el contexto en que se dan las cosas, acá no se pueden aislar hechos individuales sin contextualizarlos”. Y agregó: “Es el primer caso en Neuquén que deja un precedente muy importante. Y creo que también nos va dando una enseñanza de cómo abordar este tipo de casos”.
El abogado querellante Fernando Gómez valoró el veredicto: “El jurado pudo tomar una decisión trascendente para la historia de la provincia. Pudo ver que no pasa desapercibido para nuestra comunidad que nos falte Azul, que haya sido arrancada su vida por el odio a su identidad, por el odio a quien era”. Y cerró con un llamado: “A Azul no nos la devuelven, pero tiene que ser la última”.
La estrategia de la fiscalía y la defensa
Durante el juicio, que se extendió por doce audiencias, declararon más de 30 testigos, algunos de los cuales solicitaron resguardar su identidad. Se presentaron registros fotográficos, videos, imágenes de domos policiales y llamadas telefónicas. También testimonios de compañeras de Azul, familiares, peritos forenses, psiquiátricos y de criminalística.
En los alegatos finales, la fiscalía demostró que no hubo un “colapso” ni emoción violenta, sino que Sánchez actuó con absoluto control, atacó con desproporción y procuró su impunidad al descartar el cuerpo. Se remarcó que peritos médicos, antropólogos y criminalistas confirmaron el crimen de odio, y se repusieron los indicios clave: el ataque a la identidad de género a través de los golpes dirigidos al rostro, el desprecio del cuerpo, las expresiones discriminatorias de Sánchez, la violencia estructural y la vulnerabilidad del trabajo sexual.
La querella, integrada por Gómez, Shirley Sarasola y Yésica Falcone, cerró sus alegatos recordando quién era Azul y desarmando la postura de la defensa. “El único mandato que me dio la familia de Azul es pedirles justicia”, afirmó Gómez. Sostuvo que Sánchez tuvo un dominio absoluto de la situación desde el primer momento, actuando con saña y odio hacia la expresión e identidad de género de Azul al golpearla brutalmente en su rostro. Remarcó que tras una historia atravesada por la exclusión y la violencia desde su infancia, cuando Azul lograba estabilidad con su DNI y proyectos, Sánchez le arrancó la vida.
Por su parte, el defensor Ezequiel Leanza buscó desacreditar los testimonios de la fiscalía y pidió al jurado que “se ponga en los zapatos de Sánchez”. También dijo: “Les pido que dejemos las emociones y sensaciones de lado, y analicemos la prueba con frialdad”.
Un precedente para la región
Este veredicto no solo hace justicia para Azul Semeñenko, sino que establece un precedente judicial y social en la defensa de los derechos de las disidencias sexuales y de género. Durante el juicio quedó expuesta la trama de vulnerabilidades que atraviesan las personas trans a lo largo de toda su vida: la exclusión y/o autoexclusión de sus familias, la discriminación en la escuela, las violencias en los espacios públicos, la naturalización de las agresiones, los riesgos del trabajo sexual, el consumo problemático de sustancias y las dificultades para acceder al trabajo registrado.
Estas situaciones fueron expuestas por distintas mujeres travesti-trans que solicitaron resguardar su identidad, por Belén Correa, presidenta y fundadora de ATTTA a nivel nacional, y por especialistas como Josefina Fernández y Eduardo Prueger.
La pena que deberá cumplir Sánchez se determinará en los próximos días durante una audiencia cuya fecha fijará la Oficina Judicial. El delito atribuido prevé prisión perpetua.
La cobertura de este caso fue realizada de forma colaborativa por periodistas feministas y La Revuelta.
