La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) de Paraguay encendió las alarmas al revelar que durante 2025 se registraron 6,111 uniones tempranas entre adolescentes de 15 a 17 años, de las cuales 5,625 corresponden a mujeres, es decir, el 83% del total, frente a 486 hombres. La organización calificó estas prácticas como una “grave vulneración de derechos humanos” y exigió derogar todas las excepciones legales que permiten el matrimonio antes de los 18 años.
El dato, difundido en un boletín estadístico basado en la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), evidencia una desigualdad de género estructural que afecta de manera desproporcionada a niñas y adolescentes. Para el público de México y América Latina, el caso paraguayo es un espejo de una problemática regional: las uniones infantiles y forzadas persisten como una forma de violencia que limita el futuro de miles de menores.
Un fenómeno con rostro de niña
El boletín de la CDIA detalla que, del total de adolescentes en uniones tempranas, 5,625 son mujeres (83%) y 486 son hombres. Esta brecha refleja normas sociales y prácticas culturales que normalizan la convivencia de niñas con parejas mayores, muchas veces sin su consentimiento pleno.
La organización advirtió que los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas constituyen una violación de derechos humanos que impacta la salud, la educación y la autonomía de las niñas. En muchos casos, estas uniones derivan en embarazos precoces, interrupción de la escolaridad y mayor exposición a la violencia de género.
Excepciones legales que perpetúan el problema
La CDIA demandó derogar “todas las excepciones legales que permiten contraer matrimonio antes de los 18 años”, contempladas en la Ley 5419/2015, que reformó artículos del Código Civil paraguayo. Esta norma establece la edad mínima general de 18 años para contraer matrimonio, pero mantiene una excepción para adolescentes de 16 y 17 años, quienes pueden casarse con el consentimiento de sus padres o tutor.
Para la organización, estas excepciones legales son una puerta abierta a la vulneración de derechos. Además, recordó que Paraguay asumió el compromiso de eliminar estas excepciones en su respuesta al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, un mecanismo de revisión de derechos humanos.
Registro de matrimonios legales: ¿subregistro?
El informe señala que la EPHC de 2025 no registró casos de matrimonios legales, a diferencia de 2024, cuando se estimaban 745. Sin embargo, la CDIA advirtió que esta ausencia podría responder a cambios en la forma de registrar el estado civil y “no necesariamente a una disminución real de estas prácticas”.
La falta de datos confiables sobre matrimonios legales infantiles es una limitante para dimensionar el fenómeno en su totalidad. Las uniones tempranas, muchas veces informales, quedan fuera de los registros oficiales y solo pueden estimarse mediante encuestas de hogares.
Abuso sexual: otra cara de la violencia
El boletín también revela que en 2025 al menos 2,804 niñas y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual, frente a 582 varones. Esto indica que las mujeres son casi cinco veces más propensas a ser víctimas de este delito, según la organización.
La CDIA vincula ambas problemáticas: las uniones tempranas y el abuso sexual comparten raíces en la desigualdad de género y en la falta de protección efectiva del Estado. La organización insiste en la necesidad de políticas integrales que prevengan la violencia sexual y garanticen el acceso a la justicia para las víctimas.
Contexto regional y llamado a la acción
América Latina y el Caribe es una de las regiones con mayor prevalencia de matrimonio infantil y uniones tempranas. Según organismos internacionales, factores como la pobreza, la falta de educación sexual integral y las normas de género tradicionales perpetúan estas prácticas.
El caso de Paraguay se suma a otros esfuerzos regionales por erradicar el matrimonio infantil. En México, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe el matrimonio antes de los 18 años, aunque en algunas entidades persisten excepciones. La CDIA hace un llamado a los legisladores paraguayos para que armonicen la legislación con los estándares internacionales y protejan efectivamente a la niñez.
La organización también instó a fortalecer los sistemas de registro y a generar datos desagregados que permitan visibilizar la magnitud del problema y diseñar políticas basadas en evidencia.
Un problema de derechos humanos que nos concierne a todos
Las uniones tempranas no son solo una estadística: representan la interrupción de proyectos de vida, la perpetuación de la pobreza y la violencia. Cada niña que se une a temprana edad ve limitadas sus oportunidades de estudiar, trabajar y decidir sobre su propio cuerpo.
La CDIA subraya que el Estado paraguayo tiene la obligación de proteger a las niñas y adolescentes, y que la derogación de las excepciones legales es un paso fundamental. La sociedad civil, por su parte, juega un papel clave en la prevención y en el acompañamiento a las víctimas.
Para México y Latinoamérica, la experiencia paraguaya es un recordatorio de que la lucha contra el matrimonio infantil y las uniones forzadas requiere voluntad política, presupuesto y cambios culturales profundos. La igualdad de género y la protección de la infancia deben ser prioridades en la agenda pública.