Brasil 2026: ellas deciden el voto, no el poder
Las elecciones brasileñas de 2026 están en marcha y exponen una contradicción que resuena en toda América Latina: las mujeres son consideradas fundamentales para decidir el futuro del país, pero siguen ocupando un lugar secundario en la discusión sobre quién puede conducirlo. Con 83.8 millones de mujeres habilitadas para votar en octubre, equivalentes al 52.81% del electorado, su peso en las urnas es indiscutible. Sin embargo, al pasar del voto al poder, el debate vuelve a girar en torno a los hombres. Esta realidad, que se hace visible en el proceso electoral brasileño de este año, plantea preguntas urgentes sobre la representación política y la equidad de género en la región.
Una fuerza electoral que no se traduce en poder
Las campañas políticas en Brasil no ignoran a las mujeres. Investigan sus preocupaciones, miden su rechazo a los candidatos y buscan maneras de ganar su confianza. Pero cuando se trata de definir quién lidera, las mujeres quedan fuera de la ecuación. Esta desconexión no es exclusiva de Brasil; es un patrón que se repite en México, Colombia, Argentina y Chile, donde las mujeres son mayoría en el padrón electoral pero minoría en los espacios de decisión.
Transformar esa fuerza electoral en poder político exige mucho más que aumentar el número de candidaturas. Implica discutir quién recibe recursos, quién participa de las decisiones partidarias, qué liderazgos logran construir autoridad propia y quién puede definir los temas considerados centrales para el país. La representación no se mide solo en votos, sino en la capacidad de influir en la agenda pública.
Los temas que importan: más allá de la maternidad y el cuidado
Cuando las mujeres aparecen en el debate electoral, suelen quedar asociadas a un conjunto acotado de temas: maternidad, violencia doméstica, salud, cuidados. Aunque estas cuestiones son centrales, el problema surge cuando se las trata como asuntos separados de la economía, la seguridad pública y la organización del Estado.
La falta de guarderías afecta el mercado de trabajo. El transporte inseguro restringe la circulación y las oportunidades. La violencia doméstica compromete ingresos, salud y vivienda. El trabajo de cuidados sostiene el funcionamiento de la economía, aunque gran parte siga sin remunerarse. Son cuestiones que hablan de cómo un país distribuye tiempo, dinero y protección.
Esta conexión ayuda a entender por qué la autonomía económica de las mujeres no puede reducirse al ingreso. Tener dinero propio es muy importante, pero también lo es poder disponer de tiempo, circular libremente, trabajar en condiciones dignas y no absorber en soledad las emergencias familiares. Una política de autonomía también necesita intervenir en esa distribución de responsabilidades.
Seguridad: circular sin miedo, decidir sin tutela
La seguridad pública hace especialmente visible esta relación. Para muchas mujeres, seguridad significa poder circular por la ciudad, usar el transporte público, trabajar y estudiar sin que el miedo condicione sus decisiones. Ponerlas en el centro de esta discusión implica reconocerlas también como formuladoras de políticas públicas, y no solo como víctimas que necesitan protección.
En México, por ejemplo, el miedo a la violencia callejera limita la movilidad de las mujeres y su acceso a oportunidades laborales y educativas. En Brasil, la situación no es diferente. La seguridad no es solo una cuestión de policía, sino de diseño urbano, transporte y políticas de cuidado que permitan a las mujeres ejercer su libertad.
Representación vs. agenda: una distinción necesaria
La ampliación del espacio político de las mujeres tampoco produce automáticamente una agenda única. El crecimiento de liderazgos conservadores vuelve más exigente el debate sobre representación. Una mujer puede disputar autoridad dentro de estructuras dirigidas por hombres y, al mismo tiempo, defender proyectos políticos que no responden a las necesidades de la mayoría de las mujeres del país, en toda su diversidad: negras, trabajadoras, periféricas, indígenas, LBTQIA+.
La presencia femenina y la ampliación de una agenda de derechos y justicia social son dimensiones relacionadas, pero no idénticas. Al mismo tiempo, las diferencias ideológicas no impiden que existan puntos de convergencia. La investigación Mulheres em Diálogo, del Instituto Update, encontró un 94% de apoyo a la igualdad salarial entre hombres y mujeres en cargos equivalentes y un 85% de apoyo al aumento de la presencia femenina en la política brasileña. La misma investigación muestra divergencias importantes entre mujeres de distintas identidades políticas, religiosas y sociales.
Tal vez allí esté una de las preguntas que las elecciones brasileñas plantean para América Latina: cómo construir articulación política entre mujeres sin convertir su diversidad en una falsa unidad.
Redes regionales: el manifiesto de Pernambuco
Esa pregunta ya viene siendo trabajada por organizaciones de distintos países. Conecta reúne iniciativas orientadas a la participación y la representación política de mujeres y otros grupos históricamente alejados de los espacios de decisión. En mayo de 2025, su primer encuentro regional, realizado en Recife, reunió a más de 120 iniciativas de 15 países de América Latina, el Caribe y África. De ese encuentro surgió el Manifiesto de Pernambuco, una declaración de principios y compromisos para la acción colectiva.
El manifiesto parte de una idea especialmente relevante para este momento: las diferencias de territorio, identidad y experiencia no tienen por qué impedir la construcción de espacios comunes de acción. El desafío no consiste en producir una agenda única para todas las mujeres, sino en crear condiciones para que experiencias distintas circulen, encuentren puntos de acercamiento y ganen fuerza política.
Brasil y América Latina: una conversación compartida
Las brasileñas llegan a las urnas con expectativas, conflictos y proyectos diversos. Muchas quieren transformar su propia vida; otras ya disputan directamente la conducción del país. Las elecciones de 2026 serán un capítulo más en la disputa por transformar la presencia electoral en autoridad política. Pero esta conversación no tiene por qué terminar en las fronteras brasileñas.
Las experiencias construidas en Brasil pueden encontrarse con otras en Colombia, México, Argentina, Chile y tantos otros territorios de la región. Seguridad, autonomía, cuidados, representación y participación política adquieren formas distintas en cada país, pero forman parte de una discusión compartida sobre quién tiene derecho a decidir.
Es esa conversación la que necesitamos ampliar: acercar redes, compartir estrategias y construir espacios en los que las mujeres latinoamericanas puedan definir juntas qué cuestiones pueden abordarse de manera regional, sin borrar sus diferencias. Si las mujeres ya son decisivas para elegir quién gobierna nuestros países, el próximo desafío es ampliar también su capacidad de decidir qué democracias queremos construir.
Carol Althaller es Directora ejecutiva del Instituto Update.
