Corte Suprema Argentina deroga la Ley de Tierras
La Corte Suprema de Argentina, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó este martes 29 de septiembre la medida cautelar que mantenía vigente la Ley de Tierras (26.737) y habilitó así la derogación de la norma a través del artículo 154 del DNU 70/2023. La decisión, que se conoció dos meses después de una masiva movilización en rechazo al capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, representa una victoria política para el gobierno de Javier Milei y abre la puerta a la extranjerización de tierras en zonas estratégicas. Organizaciones campesinas, ambientales y de derechos humanos denuncian un avasallamiento a la voluntad popular y advierten que la disputa se traslada ahora a la Cámara de Diputados, donde la oposición busca reunir los votos para anular el decreto.
El fallo que cambia las reglas de juego
La Corte Suprema sacó del cajón una decisión que tenía pendiente desde marzo de 2024, cuando la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar a una cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. El Poder Ejecutivo recurrió esa sentencia, pero el máximo tribunal demoró más de dos años en tratarla. Finalmente, este 29 de septiembre, los jueces resolvieron revocar la cautelar con dos argumentos procesales: que el CECIM no tenía legitimidad para presentar el amparo y que no existía una causa o controversia que justificara una decisión de fondo.
Con esos dos argumentos, la Corte evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto, pero dejó sin efecto la protección que mantenía vigente la Ley de Tierras. La derogación total de la norma implica, entre otras cosas, la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, la posibilidad de adquirir municipios enteros y la pérdida de protección de zonas estratégicas con recursos naturales, como la Patagonia y sus fuentes de agua.
Reacciones: “Una tomada de pelo a la voluntad popular”
Organizaciones sociales y ambientales reaccionaron con indignación. Marisol Troya, del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y la Mesa Agroalimentaria Argentina, denunció que “la Corte Suprema está jugando junto al Poder Ejecutivo para que esta ley pueda, finalmente, quedar derogada”. Y agregó: “Es una tomada de pelo a la voluntad popular y la clase política que rechazó las modificaciones de la Ley de Tierras”.
Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, advirtió que “los fallos de la Corte son eminentemente políticos, hay que mirarlos desde ese tamiz”. Para Viale, la decisión se enmarca en una estrategia más amplia: “La Corte eligió no resolver la cuestión de fondo porque aún le queda esa espada para continuar negociando con el Gobierno”.
Nahuel Levaggi, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y la Mesa Agroalimentaria, sostuvo que “el plan de negocios que plantea Milei está relacionado con los intereses extranjeros que acordaron la entrega de la tierra, el agua y los bienes comunes”. Y añadió: “El bloque de poder económico, político y judicial funciona unificado en este sentido y ante un gobierno debilitado consiguieron presionar para conseguir el objetivo”.
El camino judicial y legislativo
La historia de esta disputa se remonta a marzo de 2024, cuando el Senado rechazó el DNU 70/2023 con 40 votos contra 25. Desde entonces, la Cámara de Diputados no logró reunir los 129 votos necesarios para dejar sin efecto el decreto. Ahora, tras el fallo de la Corte, diputados del Frente de Izquierda recordaron que solo se necesitan diez firmas para convocar a una sesión especial sin dictamen previo. Unión por la Patria ya adelantó que impulsará esa sesión, que está siendo dialogada con los bloques de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Argentina Federal.
“Esto va a depender de la movilización popular y de la conciencia de los diputados para lograr esa sesión especial que permita derogar el DNU”, afirmó Levaggi. En la misma línea, Troya insistió en que “no es menor que la Corte juegue a favor del Ejecutivo y derogue esta ley. Debilita la democracia y la institucionalidad del país”.
El artículo 154 del DNU 70/2023 fue diseñado por el ministro Federico Sturzenegger como parte de una ingeniería legal de desregulación. La derogación de la Ley de Tierras implica la eliminación de los límites a la compra de tierras por extranjeros, la posibilidad de adquirir municipios enteros y la pérdida de protección de zonas estratégicas. Un ejemplo del modelo avalado por el fallo es el de la forestal Arauco, denunciada en las últimas semanas por las quemas de viviendas en tierras de familias productoras.
Un debate que trasciende lo jurídico
El abogado Darío Ávila, especializado en derecho socioambiental, precisó que la decisión de la Corte encuentra correlación con la tomada en un caso emblemático como el de Barrick Gold contra la Ley de Glaciares. En ese caso, ante la ausencia de una controversia que afectara directamente a la empresa, convalidó la constitucionalidad de la norma. De todas maneras, el lobby minero continuó atacando y consiguió modificar la norma en el Congreso.
Ávila sostiene que la decisión de la Corte no cierra el camino para que la inconstitucionalidad del artículo 154 vuelva a ser cuestionada ante el Poder Judicial, a partir de hechos que se conformen a partir de la derogación de la Ley de Tierras. La posible pretensión de las grandes empresas tecnológicas por quedarse con las tierras de la Patagonia y sus fuentes de agua para la instalación de data centers es un caso posible.
Mientras tanto, la disputa en los territorios ya se está recrudeciendo. El capítulo de desalojos exprés de la Ley de Inviolabilidad que consiguió media sanción en el Senado quedó paralizado en la Cámara baja, pero las organizaciones advierten que la presión sobre las comunidades rurales aumentará. “Tenemos que derogar el DNU para fortalecer la soberanía y la democracia”, subrayó Troya.
La pelota está ahora en la Cámara de Diputados. Los bloques de Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Coalición Cívica y algunos legisladores de Provincias Unidas suman unos 110 votos. La tarea no será sencilla: se necesitan 129 para el quórum y luego mayoría simple para rechazar el DNU. En juego no solo está la Ley de Tierras, sino también la derogación de la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas y la desjerarquización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, entre otras normas que el decreto ómnibus eliminó.
La decisión de la Corte Suprema se produce a un mes de la manifestación más masiva contra el gobierno de Milei y a dos años de una medida cautelar que mantenía la vigencia de la Ley de Tierras. Para las organizaciones, el fallo es una señal de que el bloque de poder económico, político y judicial actúa de manera coordinada para avanzar sobre los bienes comunes. La resistencia, advierten, continuará en las calles y en el Congreso.
