En un giro que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos humanos y expertos en género, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, ordenó retirar el término «niñas» de todos los instructivos, circulares y comunicados de la entidad. La medida implica que el discurso institucional se refiera únicamente a «niños», lo que invisibiliza a las menores, quienes estadísticamente sufren la mayor parte de las violencias sexuales en la infancia. A esto se suma la eliminación del concepto plural «las familias» para imponer «la familia» en singular, un cambio que no es menor en un país con diversidad de estructuras familiares.
La decisión ha generado un intenso debate sobre el papel del lenguaje en la construcción de la realidad social. Mientras algunos sectores minimizan la importancia de las palabras, argumentando que se trata de meras formas, otros advierten que estos cambios son una forma de violencia simbólica que margina a grupos históricamente vulnerados. La discusión trasciende las fronteras colombianas y se inserta en un contexto global donde el lenguaje inclusivo es objeto de disputa política y cultural.
El lenguaje como campo de batalla
La filósofa Judith Butler ha planteado que el lenguaje es performativo: no solo describe la realidad, sino que la construye. Lo que se omite queda excluido del reconocimiento político y social. Al prohibir nombrar a las «niñas», el ICBF no solo está modificando un término; está negando la existencia de una categoría de personas que requieren protección específica. En un país donde la violencia sexual contra menores es un flagelo persistente, borrar a las niñas del discurso institucional puede traducirse en menos recursos, menos programas y menos atención para ellas.
El sociólogo Pierre Bourdieu definió la violencia simbólica como la imposición de significados que legitiman relaciones de dominación. En este caso, la orden de la directora del ICBF ejerce violencia simbólica al imponer una visión del mundo en la que las niñas no existen como sujetos diferenciados. Esta imposición no es neutral: busca marginar de los recursos estatales y de la protección institucional a quienes han sido históricamente vulneradas.
La contradicción de quienes atacan el lenguaje inclusivo
Resulta paradójico que quienes critican con vehemencia el lenguaje inclusivo sean los mismos que se esfuerzan por modificarlo. Si el lenguaje no influyera en la realidad, ¿por qué insistir tanto en cambiarlo? La respuesta es clara: las palabras importan. Quien controla el lenguaje controla la narrativa, y quien controla la narrativa controla las políticas públicas y la asignación de recursos.
La decisión del ICBF no es un hecho aislado. En varios países de América Latina y Europa, movimientos conservadores han impulsado medidas para eliminar el lenguaje inclusivo de documentos oficiales, argumentando que es innecesario o ideológico. Sin embargo, estas acciones suelen ir acompañadas de recortes en programas de igualdad y protección a víctimas. El lenguaje se convierte así en el primer paso de un retroceso más amplio en derechos.
El impacto en la protección de la infancia
Colombia enfrenta una crisis de violencia sexual contra menores. Según datos del propio ICBF, miles de niñas son víctimas de abuso cada año. Al eliminar la palabra «niñas» de los documentos oficiales, se corre el riesgo de que los programas de prevención y atención pierdan el enfoque de género necesario para abordar las causas estructurales de esta violencia. Las niñas no solo son más vulnerables; enfrentan formas específicas de violencia que requieren respuestas diferenciadas.
Además, el cambio de «las familias» a «la familia» desconoce la realidad de miles de hogares colombianos encabezados por madres solteras, parejas del mismo sexo o familias extensas. Al imponer un modelo único, se excluye a quienes no encajan en él y se dificulta el acceso a servicios y beneficios diseñados para núcleos familiares diversos.
Reacciones y resistencia
Organizaciones feministas y de derechos de la niñez han expresado su rechazo a la medida. Argumentan que borrar a las niñas del lenguaje institucional es un acto de discriminación que contradice la Constitución colombiana y los tratados internacionales de derechos humanos. Algunas han anunciado acciones legales para revertir la orden, mientras otras impulsan campañas de concientización sobre la importancia del lenguaje inclusivo.
En redes sociales, el debate se ha polarizado. Mientras unos defienden la decisión como un acto de «sentido común» contra lo que consideran excesos del lenguaje inclusivo, otros denuncian una regresión que pone en riesgo a las menores. La discusión refleja una tensión más profunda entre visiones del mundo que pugnan por definir el futuro de las políticas sociales en la región.
Un precedente peligroso
Lo ocurrido en el ICBF sienta un precedente preocupante. Si una institución clave para la protección de la infancia puede eliminar categorías enteras de su discurso, ¿qué impide que otras hagan lo mismo? El lenguaje es el primer territorio que se disputa en cualquier retroceso de derechos. Borrar palabras es el primer paso para borrar personas.
La historia ha demostrado que los regímenes autoritarios suelen comenzar por controlar el lenguaje. No se trata de un simple cambio de estilo, sino de una estrategia para moldear la percepción de la realidad. En este caso, la desaparición de las niñas del discurso oficial podría normalizar su invisibilidad y dificultar la rendición de cuentas sobre las políticas dirigidas a ellas.
El futuro de la disputa
La controversia está lejos de resolverse. Mientras el ICBF defiende su decisión como una medida para «unificar» el lenguaje, críticos advierten que se trata de un retroceso en la protección de la niñez. La sociedad civil ha comenzado a movilizarse, y el tema podría llegar a los tribunales. En última instancia, lo que está en juego es el tipo de sociedad que se quiere construir: una que reconozca la diversidad y proteja a los más vulnerables, o una que los borre del mapa.
La lección es clara: las palabras no son inocentes. Cuando se elimina un término, se elimina también la posibilidad de nombrar una realidad y, por tanto, de transformarla. En un mundo donde la igualdad de género aún es una meta pendiente, defender el lenguaje inclusivo es defender la existencia misma de quienes han sido históricamente silenciadas.