Los votantes de Estados Unidos acudieron a las urnas para decidir no solo el control del Congreso y las gubernaturas, sino también una serie de medidas electorales que podrían redefinir durante años el acceso al aborto, la igualdad de género, los derechos LGBTQ+ y el derecho al voto. Los resultados, que se fueron conociendo a lo largo de la jornada electoral, muestran un panorama mixto: avances en algunos estados y retrocesos en otros.
Derechos reproductivos: victorias y reveses
Las medidas relacionadas con la libertad reproductiva fueron algunas de las más observadas. En Idaho, la Proposición 1, que buscaba establecer protecciones legales para el aborto y otros servicios de salud reproductiva, fue rechazada. La prohibición casi total del aborto que ya rige en el estado se mantiene.
En Missouri, la Enmienda 3, que pretendía derogar las protecciones aprobadas en 2024 e imponer nuevas restricciones al aborto y a la atención de afirmación de género para menores, también fue rechazada. Los votantes decidieron mantener las salvaguardas existentes.
Por el contrario, Nevada aprobó la Pregunta 6, que consagra en la constitución estatal el derecho al aborto antes de la viabilidad fetal, con excepciones posteriores para proteger la vida o la salud de la persona gestante. Esta era la segunda aprobación requerida, tras el voto de 2024.
Virginia también dio luz verde a la Pregunta 1, que añade protecciones a la libertad reproductiva en su constitución, incluyendo anticoncepción, tratamientos de fertilidad y atención posparto, aunque permite ciertas restricciones en el tercer trimestre. No obstante, persiste un desafío legal en torno a la certificación de la medida.
Igualdad y derechos LGBTQ+
Vermont aprobó la Propuesta 4, que amplía las garantías de igual protección de la constitución estatal para incluir explícitamente sexo, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y otras características protegidas.
Virginia aprobó la Pregunta 2, eliminando la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo y añadiendo protecciones para la igualdad matrimonial.
Sin embargo, no todos los resultados fueron favorables. Arizona aprobó la Proposición 318, que restringe la participación de estudiantes transgénero en deportes escolares y el acceso a ciertos espacios privados con base en el sexo registrado al nacer. Nebraska aprobó la Medida 442, que añade restricciones similares a la constitución estatal para deportes escolares y universitarios. En Colorado, las proposiciones 134 y 135, que buscaban limitar la participación deportiva y las cirugías de afirmación de género para menores, aún no habían sido declaradas al cierre de esta edición. Lo mismo ocurría con la Iniciativa 638 de Washington, que exige verificación de sexo en deportes escolares femeninos.
Financiamiento de campañas y transparencia
El gasto récord en las elecciones renovó el debate sobre la influencia del dinero en la política. Michigan aprobó la Propuesta 2, que impone restricciones a las contribuciones políticas de empresas con contratos estatales superiores a 250,000 dólares, servicios públicos regulados y personas asociadas, además de exigir la divulgación de donantes a organizaciones que gasten más de 500 dólares en publicidad política independiente.
Montana aprobó la Iniciativa I-194, que prohíbe a corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y sindicatos gastar dinero para influir en las elecciones estatales. La medida ya enfrenta desafíos legales y su constitucionalidad podría ser impugnada nuevamente.
En California, la Proposición 4, que permitiría el financiamiento público de campañas electorales, aún no se había pronunciado. Tampoco se conocían los resultados de la Iniciativa IL26-001 de Washington sobre derechos parentales en escuelas públicas.
Acceso al voto y derechos electorales
Virginia aprobó la Pregunta 3, que restaura automáticamente los derechos de voto para personas con condenas por delitos graves al salir de prisión, quitando esa facultad al gobernador.
Arizona rechazó la Proposición 144, que habría exigido identificación con fotografía emitida por el gobierno para votar en todas las elecciones, incluido el voto por correo, y que incluía otras restricciones electorales.
Nuevo México aprobó la Enmienda Constitucional 4, que establece salarios para los legisladores estatales vinculados al ingreso medio de los hogares a partir de 2029. La medida busca hacer más accesible el servicio público a personas trabajadoras y cuidadores, lo que según investigaciones puede favorecer la representación de las mujeres.
Voto por ranking y representación
Varios estados y ciudades consideraron cambios en sus sistemas electorales. Alaska sometió a votación la Medida 2, que busca derogar el voto por ranking y el sistema de primarias abiertas, además de eliminar requisitos de divulgación de financiamiento de campañas. Los resultados no se habían declarado al cierre.
En Colorado, las preguntas 3C y 3D de Longmont proponían autorizar el voto por ranking para elecciones municipales a partir de 2029 y ajustar los ciclos electorales. En Hawái, la Pregunta 5 de Honolulu busca adoptar el voto por ranking para alcalde, concejo municipal y fiscal a partir de 2032. En California, la Medida D de Irvine propone el voto por ranking para elecciones municipales después del 1 de enero de 2028. Ninguna de estas medidas había sido declarada al momento de esta nota.
Portland, Oregón, celebró su segunda elección con voto por ranking proporcional, en la que los votantes eligen a tres concejales por distrito. Este año se renovaban los distritos 3 y 4, con 21 candidatos en el distrito 3 y 12 en el distrito 4. Los seis concejales actuales, incluidos tres mujeres, buscaban la reelección. Los resultados ofrecerán una nueva prueba de cómo este sistema afecta la representación de las mujeres en el gobierno local.
Impacto para México y América Latina
Aunque las medidas son de alcance estatal en Estados Unidos, sus efectos pueden sentirse más allá de sus fronteras. Las decisiones sobre derechos reproductivos y igualdad de género en el país vecino suelen influir en los debates públicos y en las políticas de la región. Organizaciones civiles en México y América Latina siguen de cerca estos resultados, que pueden marcar tendencias en la protección de derechos humanos y en la lucha por la equidad.
Además, el debate sobre el financiamiento de campañas y la transparencia electoral resuena en países latinoamericanos que enfrentan desafíos similares en cuanto a la influencia del dinero en la política. Los resultados de estas elecciones ofrecen lecciones sobre la participación ciudadana y la defensa de los derechos.