En una jornada electoral decisiva para Estados Unidos, los tribunales del país se convirtieron en el último frente de batalla por la democracia. A pocas horas de que millones de estadounidenses acudan a las urnas este martes 3 de noviembre, jueces de distinto signo político han rechazado una serie de solicitudes de última hora de la administración de Donald Trump que buscaban intervenir en el proceso electoral, desde impugnar la elegibilidad de votantes hasta bloquear la certificación de resultados en estados clave. Las decisiones, algunas con opiniones inusualmente enérgicas, subrayan la fragilidad de las instituciones y el papel crucial de los tribunales como garantes del derecho al voto.
California: el intento de descartar 20,000 votos
Uno de los casos más relevantes se desarrolla en California, donde el Departamento de Justicia solicitó a las autoridades electorales apartar las boletas asociadas a más de 20,000 votantes registrados cuya ciudadanía cuestionaba. El juez federal David O. Carter rechazó la petición el 28 de octubre, cuestionando la fiabilidad de las pruebas gubernamentales y advirtiendo que las demandas podrían despojar del derecho al voto a ciudadanos elegibles. En su opinión, Carter trazó la larga lucha por los derechos electorales, incluyendo a las generaciones de mujeres y afroamericanos que pelearon por el sufragio, y alertó que los ciudadanos naturalizados son especialmente vulnerables a ser señalados erróneamente por el sistema de cruce de bases de datos del gobierno.
La escritora y exfiscal federal Joyce Vance describió el enfoque del gobierno como el uso de “un susurro de sospecha para privar a las personas de sus derechos de voto”. El fallo de Carter fue respaldado el viernes 30 de octubre por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, que rechazó la solicitud de emergencia de la administración. La mayoría de 2 a 1, integrada por el juez Mark Bennett (designado por Trump) y el juez Gabriel Sanchez (designado por Biden), advirtió que no había forma factible de aislar las boletas en disputa “sin efectos potencialmente catastróficos para todo el sistema”. El lunes 2 de noviembre, la administración pidió a la Corte Suprema intervenir, dejando el litigio sin resolver horas antes del día de la elección.
Protección a trabajadores electorales y voto secreto
En otro caso, la jueza federal Trina Thompson emitió una orden de emergencia el viernes que prohíbe al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional amenazar, intimidar o coaccionar a los trabajadores electorales para que eliminen votantes registrados, retengan boletas o se nieguen a contar votos legalmente emitidos. Thompson concluyó que los funcionarios federales probablemente violaron la Ley de Derechos Electorales y excedieron su autoridad sobre las elecciones administradas por los estados. La orden surgió de una demanda presentada por sindicatos y organizaciones de derechos civiles, incluidos el Sindicato de Empleados de Servicios (SEIU), la NAACP y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).
Norm Eisen, cofundador de Democracy Defenders Fund, que ayudó a llevar el caso, celebró la decisión y enfatizó los límites constitucionales de la autoridad presidencial. La administración ha apelado la orden temporal, que permanecerá en vigor hasta el 16 de noviembre.
Otra victoria judicial significativa involucró a la Asociación de Enfermeras de California y Enfermeras Nacionales Unidas, que impugnaron los esfuerzos del DHS por investigar a personas sospechosas de votar ilegalmente, incluyendo visitas de agentes federales armados. El 21 de octubre, un juez federal restringió ciertas operaciones del DHS relacionadas con las elecciones en nueve estados: California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin. El 30 de octubre, el Noveno Circuito se negó a suspender esas protecciones, reconociendo el posible efecto disuasorio de tales operaciones sobre votantes elegibles. El caso subraya cómo las organizaciones laborales lideradas por mujeres están ayudando a defender los derechos electorales y cómo las investigaciones gubernamentales basadas en datos de ciudadanía cuestionables pueden amenazar la participación de ciudadanos naturalizados.
Transparencia y advertencias federales
Tras una orden judicial del juez principal James Boasberg en Washington D.C., la administración reveló que agencias federales habían contactado a funcionarios electorales en cinco estados (California, Washington, Nevada, Pensilvania y Nueva Jersey) sobre presuntos votantes inelegibles. Por separado, el Departamento de Justicia envió cartas a funcionarios electorales de los 50 estados advirtiendo sobre posibles sanciones penales por no preservar los registros electorales, a pesar de que ya existen requisitos federales para mantenerlos durante 22 meses. Boasberg ordenó la divulgación después de que el abogado de derechos electorales Marc Elias y organizaciones demócratas presentaran una demanda desafiando las acciones de la administración. El juez también ha considerado imponer restricciones más amplias.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, ha estado entre los defensores legales que impugnan las acciones electorales más amplias de la administración, incluida una demanda para evitar que agentes federales armados interfieran en los centros de votación en Virginia. “Los votantes deberían poder emitir sus boletas sin temor a encontrarse con agentes federales armados”, dijo Perryman.
Alaska: el intento de bloquear la certificación
En Alaska, la administración intentó algo aún más inusual: bloquear la certificación de la elección al Senado de Estados Unidos si el republicano Dan Sullivan perdía. El domingo 1 de noviembre, la jueza federal Sharon Gleason desestimó la demanda, al concluir que el gobierno federal carecía de legitimación y que su propuesta de investigación pondría en peligro el derecho de los votantes al voto secreto. Gleason escribió que el gobierno no ofreció “ningún plan viable sobre cómo propone segregar las boletas emitidas para Daniel J. Sullivan el día de la elección”. El Departamento de Justicia apeló la desestimación ese mismo día.
Un derecho conquistado, una batalla que continúa
A pesar de las batallas legales, este martes 3 de noviembre es el día de la elección y la última oportunidad para votar. Estas demandas no han suspendido la votación a nivel nacional. Si alguien experimenta intimidación, tiene problemas con su registro o se le niega una boleta regular, la coalición no partidista Election Protection puede ayudar en el 866-OUR-VOTE (866-687-8683).
Lo que está en juego trasciende la elección del martes y plantea preguntas fundamentales sobre los derechos electorales, la desenfranchisación de ciudadanos naturalizados y el futuro de la democracia estadounidense. Durante generaciones, las mujeres y las comunidades marginadas lucharon no solo por el derecho a emitir un voto, sino por el derecho a que ese voto sea contado. Los fallos de los tribunales subrayan cuán relevante sigue siendo esa distinción. Como escribieron Perryman y Lisa Gilbert en un ensayo del 2 de noviembre para Just Security: “La Constitución no puede defenderse a sí misma, pero el pueblo puede defender la Constitución”.